libreta de racionamiento de productos alimenticios

Libreta de racionamiento de productos alimenticios. Foto cortesía de Ana Lourdes González.

Durante las tres primeras décadas posteriores al triunfo de la revolución de 1959, la alimentación de los cubanos estuvo estructurada, en gran parte, por los ritmos de distribución de los productos alimenticios (la carne, por ejemplo, se vendía cada 9 días, ciclos conocidos como novenas).

El racionamiento de los productos alimenticios fue promulgado el 12 de marzo de 1962. Ese día, la Gaceta Oficial de la República de Cuba dio a conocer la Ley 1015 mediante la cual quedaba constituida la Junta Nacional para la Distribución de los Abastecimientos:

Entre las atribuciones dadas a la entidad naciente estaban las dirigidas a proponer al Consejo de Ministros, la lista de artículos que por razones justificadas debían someterse al racionamiento local o nacional. Además, incluía las potestades para sugerir el régimen de distribución y las cantidades de cada producto a suministrar a la población. Fijar las fórmulas a emplear para el abastecimiento de las industrias privada y estatal, así como de la red comercial, gastronomía y otras, de los productos sujetos a control. La entidad formularía los mecanismos mediante los cuales se controlaría su ejecución; de los órganos estarles y populares que tomarían parte en cumplir lo dispuesto en las cuotas estipuladas para cada artículo sometido a limitaciones de consumo.

La Junta quedó integrada por un representante del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), del Ministerio de Industrias (MININD), del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), del Ministerio del Trabajo (MINTRAB), del Comité Ejecutivo de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). El 13 de marzo de 1962 quedó constituida la Junta.

En su primera reunión este órgano, previa aprobación del Consejo de Ministros, dio a conocer los artículos de consumo sujetos a racionamiento en el territorio nacional, los estipulados para la Gran Habana y las normas fijadas para otras 25 grandes ciudades de la Isla. (p.338)

También se otorgaron cuotas especiales para toda persona de avanzada edad, casos de enfermedad o necesidades de regímenes diferenciados de alimentación. (p.339)

(…) Para la organización del racionamiento se instituyó una Libreta de Control de Abastecimiento que el MINCIN y la Dirección Nacional de los CDR, emitieron para ser entregada a cada cabeza de familia. El carácter de este documento fue afinado, con el tiempo pasó toda su verificación al MINCIN, creándose por este organismo un Departamento que organizó por zonas en los municipios, secciones de control, para atender lo relacionado con las altas y bajas de los consumidores que se daban en cada núcleo familiar. Los hoteles, casas de huéspedes, fondas, hospitales, clínicas, escuelas con seminternado, etcétera, las atendió directamente el MINCIN.

(…) Quedaron fuera del racionamiento, entre otros muchos comestibles, las conservas de frutas y vegetales, embutidos y conservas cárnicas, azúcar, sal, pan y pastas alimenticias, café, dulces, bebidas, licores, refrescos, caramelos, derivados de los productos lácteos, etcétera. (p.340)

En 1963 son incorporados al racionamiento el calzado, algunas confecciones y otros conjuntos de productos industriales. Aparece, poco tiempo después, la llamada Libreta de Productos Industriales. El MINCIN crea las Oficinas de Control de Abastecimiento (OFICODA) que se encargan a nivel municipal de todo lo concerniente al papeleo burocrático que conlleva todo movimiento para incorporar, dar de baja en el Registro de Consumidores, incluidos los temporales por periodos que pueden oscilar entre uno y tres meses. (pp.340-1)

Para 1970, todos los productos, prácticamente, quedaron sometidos al control normado. Al mismo tiempo, los precios minoristas se mantuvieron congelados hasta inicios de la década de 1980 (…)

Entre 1971 y 1975, ante la acumulación de dinero en poder de la población que, según cálculos de la época rebasó los 4 000 millones de pesos, se llevó a cabo una política de saneamiento financiero con la introducción de un mercado paralelo de tabaco y bebidas a precios diferenciados, aunque manteniendo una cuota básica, la ampliación de los servicios gastronómicos, así como se procedió a estimular a los trabajadores con un sistema que se denominó distribución proletaria.

Esta distribución paralela consistió en otorgar a través de los sindicatos bonos para la adquisición de bienes como: televisores, radios, relojes, planchas, refrigeradores, batidoras, etcétera. Para optar por estos bienes el trabajador o empleado acumulaba un número determinado de méritos o deméritos, de acuerdo con los indicadores previamente determinados en el contexto de la organización sindical, por la emulación socialista.

Al recibirse, cada seis meses o un año por los centros de trabajo el número de artículos que serían objeto de adjudicación, las solicitudes se presentaban ante una comisión creada al efecto por el sindicato con representación de la administración. Los criterios para otorgar los bienes radicaban en el número de méritos cumulados por el obrero. Sólo podía solicitarse un artículo del conjunto de los ofertados, aunque esto sufrió variaciones en el tiempo.

A la vez, los sindicatos y las administraciones, de acuerdo con las prioridades estarles distribuían bonos para la compra de prendas de vestir, ropa de trabajo, calzado, etcétera. Tal como se hacía con los vestuarios de estudiantes y becarios. En el caso de estos últimos, en la beca, se les facilitaba la vestimenta, ropa de cama, artículos de uso personal, alimentación, etcétera, sin pago alguno. (p.341)

En Díaz Acosta, Julio C. 2010. “Consumo y distribución normada de alimentos y otros bienes.” Pp. 333-62 in Cincuenta años de la economía cubana, edited by Omar E. Pérez Villanueva. Havana: Ciencias Sociales.

En Cubanet:

…La cartilla se ha convertido en un documento que forma parte inseparable de cada familia, a tal punto que a cualquier cubano humilde, principalmente del amplio sector de la tercera edad, le preocupa más la pérdida de la cartilla que la de su documento de identidad. Porque no solo se siente parcialmente protegido en sus necesidades de consumo, sino que ésta ha propiciado todo un mecanismo de trueques ideados por la creatividad popular para suplir otras carencias. De esta manera, los productos asignados que algún miembro de la familia no consume son utilizados para intercambiarlos o venderlos y así adquirir otros necesarios. Por demás, también se ha desarrollado un mercado subterráneo, tanto con la certificación ilegal de “dietas” con tarifas fijas como con los productos propiamente dichos, que escapa por completo al control de las autoridades, incapaces de cubrir las necesidades básicas de la población y de eliminar la corrupción que es fuente de subsistencia para la mayoría de los cubanos.

La cartilla además ha dado origen a nuevos vocablos y frases que algún día formarán parte del lexicón socialista que alguien habrá de escribir. Solo los nacidos y crecidos bajo un sistema que tiene el discutible mérito de haber sistematizado la miseria, sembrándola como si de una virtud se tratase en la conciencia de una parte significativa de sus víctimas, conocemos el significado de frases que, en buena lid, resultan ofensivas y humillantes para la dignidad de las personas. Quiénes, si no nosotros, sabrían interpretar el lenguaje cifrado de la pobreza estandarizada: plan jaba, pollo por pescado, pollo de población, picadillo de niño, pescado de dieta, lactoso y para viejitos, café mezclado, arroz adicional… ; o las ya desaparecidas picadillo extendido, carne rusa, fricandel, masa cárnica, perro sin tripa y otras lindezas por el estilo.

Ver también en Cuba Material: OFICODA.